Detenido un empresario por explotación laboral de inmigrantes en Ulea

Investigación sobre explotación laboral en Ulea

El fuerte olor a cebolla fue el detonante que llevó a los vecinos de una zona rural de Ulea a presentar denuncias. Durante un tiempo, habían observado una actividad constante en una finca agrícola, donde se trabajaba sin descanso, tanto de día como de noche. Estas quejas fueron el primer indicio que siguieron los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Murcia.

Las vigilancias revelaron un flujo incesante de furgonetas y mercancías, con jornadas laborales que no cesaban ni durante la madrugada. Lo alarmante era que cerca del 90% de los 65 trabajadores liberados no contaban con documentación regularizada, siendo la mayoría originarios de Nepal. En condiciones deplorables, vivían entre basura y colchones viejos en un inmueble donde eran hacinados al finalizar su jornada.

Los encargados del control eran ciudadanos pakistaníes, quienes compartían lengua con los nepalíes, lo que facilitaba la comunicación dentro del lugar. Actualmente, los investigadores están intentando reconstruir cómo llegaron a España y quién financió sus desplazamientos.

La operación se llevó a cabo en varias fases. Inicialmente, fueron arrestados tres intermediarios actuando como capataces: dos pakistaníes y un rumano. El último detenido fue el empresario al mando del operativo, considerado por las autoridades como el líder de esta organización criminal dedicada a la inmigración irregular y la economía sumergida.

Cuando las fuerzas policiales accedieron a la finca en Ulea, el empresario ya se encontraba cumpliendo condena en prisión en Albacete por delitos similares, resultado de otra investigación paralela realizada junto a la Guardia Civil. Durante el operativo se incautó una gran cantidad de documentación que actualmente está siendo analizada.

Esta acción forma parte de un dispositivo más amplio contra la trata con fines laborales, coordinado con Europol y apoyado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La causa sigue abierta mientras se esperan nuevas acciones judiciales contra los propietarios de la finca y arrendadores involucrados.